Agreguemos a lo anterior al “líder” que no ha parado de vociferar secundando al inconforme y llamando atrevidamente cueva de ladrones a la casa oficial del órgano electoral, el INE. Incluye sin remedio a los cinco aliados que se opusieron a sus pares y, todos juntos, decidieron apenas con la mitad más uno en contra de los defendidos.
Aclaradas las cosas, se ha acreditado que por lo menos uno de los precandidatos incurrió en falta al no justificar los gastos de su precampaña, a pesar del decir del “líder” de que no la realizó porque todo se resolvió por la tradicional encuesta. En un video en redes sociales, el defenestrado presume su condición de precandidato, y eso bastó a los consejeros.
El asunto como pelota de tenis, regresará al Tribunal Electoral que no sabemos a ciencia cierta de que manera resolverá, aunque no se requiere de mucha imaginación para suponerlo. Claro está que el Trife antes de decidir tendrá que detenerse a pensar que uno de los afectados rompió el orden constitucional y puso en peligro la paz pública azuzando a una horda a asaltar el sagrado hogar del consejero presidente y su familia.
La cuestión es que el INE decidió otra vez y en el mismo sentido a instancias del Tribunal que le devolvió el expediente. Lo que decida ahora el Trife exhibirá su independencia y autonomía, o la aceptación de ser un órgano sin poder de decisión. Podrían basarse, se ve venir, en la aplicación del principio de proporcionalidad, argumentando que no se debe castigar con la pena máxima por una cantidad demasiado pequeña sin comprobar.
Podría influir en contrario la violación al artículo 131 del Código Penal Federal que contempla, “Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público… A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos".
Sirva la ocasión para recordar una novela del escritor y diplomático José Rubén Romero, llevada al cine en blanco y negro de la primera mitad del siglo anterior, interpretada lo mismo por Manuel Medel que por Germán Valdez, La vida inútil de Pito Pérez. El michoacano retrata de cuerpo entero al borrachín del pueblo, un personaje un poco ingenuo, pero con una habilidad natural para ganarse el pan y los tragos con frases ingeniosas y palabras rebuscadas.
“Bucólico morador de las selvas umbrías ¿en cuánto valoras el fardo de maderas calcinadas que transportas sobre los lacerados omóplatos de este rústico pollino?”, preguntó Pérez al hombre que llevaba a lomos de un burro viejo y cansado un saco de carbón para vender.
Frente al desbarajuste entre legal, violento y novelesco de las candidaturas en disputa, el vivaz sujeto ya hubiera acomodado la ocasión a un dicho mexicano: “En directa relación con el peso y el volumen del batracio será el impacto del proyectil pétreo disparado”. Adecuado al sapo es la pedrada, sería en castizo decir.
Un viaje inesperado
En
un tiempo como el actual -de elecciones-, un político en campaña, palabras más,
palabras menos, a propósito de secretos y de guardar la confidencialidad, dijo
que, en Campeche, si no quieres que algo
se sepa, ni siquiera lo pienses.
Esto
ya le habrá quedado claro a la señora candidata de Morena al gobierno del
Estado, Layda Elena Sansores San Román. La respetable dama entenderá que desde
su anterior campaña, con las redes sociales a todo lo que dan, han cambiado
mucho las cosas.
Desde
la primera de sus tres campañas anteriores ha transcurrido una generación
completa, y los recién nacidos de entonces, en muchos casos son padres de
familia con un cuarto de siglo a cuestas, y casi todos magistrales manejadores
de redes sociales.
Vaya
ruido que se armó en estas redes por el simple hecho de que la candidata tomó
un avión con rumbo a la Ciudad de
México. Todavía no aterrizaba la aeronave en el moderno Felipe Ángeles, o tal
vez en el vetusto Benito Juárez, y ya el chismorreo estaba dando para prestar.
Los
comentarios se desgranaron en el espacio cibernético, y las mentes imaginativas
diseñaron escenarios de lo más diverso. Unos la daban por enferma, otros
aseguraban que había viajado a apoyar a su alicaído dirigente partidista
ocupado en arrear toros. Aquellos afirmaban que iba a asumir la defensa de su ex compañero en el
Senado.
No
faltó quien asegurara que se había decidido un cambio, y que en un acomodo se
harían ajustes para no incurrir en afectaciones a la paridad de género. Candidata para Guerrero o Michoacán, y
candidato para Campeche. Y se agrandaron muchos pares de ojos.
Ya
todo pasó, Layda sigue siendo candidata, y en un gesto que habla bien de ella,
se manifiesta solidaria con su amigo, aliado y ex compañero en el Senado. Aduce con razón que tiene derecho al debido
proceso y a la presunción de inocencia. Sabe de eso, si nos atenemos al
documental Presunto Culpable, en el que exhibió corrupción en la justicia.
Aquí
se vislumbra una nueva y más dura batalla, y un fuerte encontronazo con la
justicia mexicana si Sansores no logra con la cercana amistad que la une al
presidente que éste cambie de idea y ordene
al Fiscal General poner en libertad al paisano en apuros.
El indiciado, panista de
élite en su momento y parte importante del equipo cercano de Felipe Calderón, resulta pieza clave a Gertz Manero para
seguir el hilo y llegar al ovillo que desentrañe el espinoso asunto Odebrecht,
y ponga tras las rejas al menos a uno de los que han ocasionado tantos dolores
de cabeza a Andrés Manuel López Obrador.
… Y ALGO MÁS
Otra del Senado
La
semana anterior, el Senado aprobó por escaso margen el Padrón de
Usuarios de Telefonía Móvil. Cincuenta
y cuatro votos a favor, cuarenta y nueve en contra, y diez abstenciones.
Raspadita, pero pasó la aberración, tanto que hasta una senadora morenista se
opuso.
La
reforma pretende el registro y control de ciento veintidós millones de operadores
de portables, y la creación de un padrón de nuevos y antiguos usuarios, o de
quienes adquieran una tarjeta “sim” bajo la modalidad de prepago. Para evitar extorsiones y secuestros, es el
argumento.
A
los “padres de la patria”, el virus les ha alterado el juicio, o la inactividad
les ha hecho demasiado daño. Tal vez no tengan idea de los escalofríos que
causa pensar como le harán las compañías para contactar a tanto mexicano casi
ilocalizable que adquiere un aparatito para comunicarse con su familia desde la
obra, el viene-viene, o la venta callejera de tamales.
Si
usted cuenta con una línea no ofrecerá tantos problemas; en otro caso, los
concesionarios tendrán dos años para recabar sus datos mediante una campaña de
información, hasta que cumpla con el registro. Si no lo hace o lo hace
extemporáneamente, no sólo se la cancelarán, también le multarán con casi noventa mil pesos ¡Santa Inquisición, agárranos
confesados!
Según
los senadores, con esta reforma se reducirán los delitos de extorsión que bien
se sabe se realizan en su mayoría desde penales; sin embargo; nuevas técnicas
se han adicionado, mediante conmutadores que sólo permiten la salida de
llamadas y no las de regreso. Si lo duda, trate de comunicarse con un número
desde el cual pretendieron extorsionarle.
Con
la facilidad que siempre ha existido para que los funcionarios o empleados de
jerarquía “cedan” sus bases de datos, el
padrón sería una especie de “cartera de clientes” para los extorsionadores que
estarán en la mejor disposición de pagar a precio de oro, y hasta a repartir
sus ganancias con sus benefactores. Si sabe quién es su senador y tiene
oportunidad de hablar con él, pregúntele si cuando decidió aprobar la medida
estaba pensando en usted.
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