En esta esquina

Buen tema el de este sábado de bando: se trata ni más ni menos del round –hasta ahora de sombra- que están sosteniendo desde sus respectivas esquinas un gobernador y un destacadísimo político mexicano tremendamente hábil y, hoy por hoy, el más adelantado en lo que a encuestas se refiere para la próxima y ya no tan lejana elección presidencial.
Es que, la acusación del gobernador es una bomba de elevada carga protónica que podría explotar de uno u otro lado. Con esto quiero decir que si el mandatario estatal prueba suficientemente lo que afirma, pondría al líder virtualmente contra las cuerdas y obligado a renunciar a la política y con ello a su tercer intento de escalar el máximo poder de la nación; esto de acuerdo a su muy reciente ofrecimiento.

Por el contrario, si las pruebas no son presentadas o bien estas son endebles y basadas en simples dichos y/o documentos de dudoso origen, el revire del alto dirigente sería de antología y una demanda por difamación u otras acciones revertirían el panorama y lo re encumbrarían.

La Procuraduría General de la República a través de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya echó a andar la investigación por un probable nuevo desvío de recursos públicos de parte del ex gobernador en favor del polémico dirigente y de su partido. La verdad sea dicha que aquí el menos preocupado es el ex mandatario en fuga que a lo más vería aparecer una rayita nueva a su disfraz de tigre; a propósito del carnaval en curso.

De las palabras y la intención del mandatario quejoso, se desprende que los recursos supuestamente desviados de los fondos públicos de su entidad, fueron utilizados para fortalecer a candidatos opositores que efectuaron contra campaña en su perjuicio.

Dicen los que saben de estas cosas que la cuestión es menos simple de lo que aparenta, porque de resultar la razón del lado del gobernador que acusa, podría actualizarse el delito previsto y sancionado por el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respecto de los servidores públicos que utilicen de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición por motivo de su cargo para apoyar a algún precandidato, candidato, coalición o partido político.

El caso es que, a pesar de su posición de sujeto pasivo y receptor, la ley no excluiría de responsabilidad a quien o quienes se hubieren beneficiado con los dos y medio millones de pesos mensuales aparentemente desviados, que no son poca cosa.

Las autoridades del ramo están trabajando horas extras para esclarecer el caso; mientras, más de uno esperan impacientes el desenlace de este drama tipo telenovela a la mexicana. Por nuestra parte, los mexicanos comunes y corrientes: tú, yo, ese y aquél, nos aprestamos a conocer de qué piel saldrán más correas.