DE MUCHO, UN POCO/Del INPI al DIF… y después

En Ixtlán del Río, un pueblo pobre del sureste de Nayarit, los niños de los años treinta iban a clases vestidos con harapos y huaraches. Como desayuno, una jícara de pulque y tortillas duras. Sus maestros compadecidos, sacrificaban parte de su salario para ofrecerles un poco de leche y algo de pan, distribuido, para que les tocara una o dos veces vez a la semana.

Eva Sámano Bishop, de origen guerrerense, fue parte de ese grupo de maestros. Su porte y belleza y la posición económica de su familia, le facilitaban asistir a muchas reuniones de sociedad. En una de ellas celebrada en la casa de una poetisa mexiquense, conoció al joven Adolfo López Mateos. La mutua impresión los llevó a un noviazgo que culminó con su enlace matrimonial el siete de  octubre de mil novecientos treinta y siete.

El apuesto e inteligente joven escaló diversos cargos, uno de ellos, Secretario del Trabajo en el sexenio del austero presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien en forma peculiar, se decidió por él, inaugurando la figura aquella tan famosa del "tapado presidencial”.

La sensibilidad de Don Adolfo y la pasión de Doña Eva por la niñez, no tardó en ponerse de manifiesto, dando lugar a la Asociación Protectora a la Infancia a fines de mil novecientos cincuenta y nueve. Dos años después, la Asociación se transformó en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), con doña Eva como presidenta de su patronato.

La actividad preponderante, de acuerdo a los sentimientos de la señora de López Mateos, tenía que ser la institucionalización de un gran programa de reparto de desayunos escolares nutritivos y balanceados, que algo tenían que ver con aquel pan y el vaso de leche que iniciara en la escuela rural nayarita​.

Por la mitad del sexenio, un conflicto conyugal irreparable llevó a la pareja a la separación y al divorcio, y consecuentemente, a un conflicto por el INPI con la nueva esposa, la maestra Angelina Gutiérrez Sadurní. Concluido el sexenio (1958-1964), con la salud del expresidente en decadencia, la señora Sámano tomó el mando y lo conservó en los largos meses de sanatorio y en el funeral, en los que mantuvo alejados a la viuda y a sus hijos.

Su carácter no fue suficiente para imponerse a la voluntad de la siguiente primera dama, doña Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, quien la apartó de su pasión, la asistencia social, y la alejó por completo de los actos oficiales. Resignada, doña Eva pasó a ocupar su lugar en el anonimato de la escuela “Héroes de la Libertad” que logró construir a mediados de los sesenta por el rumbo de Coyoacán. Ya no tuvo más actividad.

Tras cambios previos, en mil novecientos setenta y siete, justo al inicio del sexenio de José López Portillo y Pacheco, lo que en un principio fue el modesto INPI destinado a la alimentación infantil, se convirtió en una enorme institución pública de asistencia social con el  nombre de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF, o solo DIF). Su función, desarrollar el bienestar de las familias mexicanas. La frivolidad en su manejo para nadie es un secreto, como tampoco lo es el final anticipado del matrimonio López Portillo-Romano.

El Organismo Público Descentralizado, posee al día de hoy, personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo norman las Leyes General de Salud, y de Asistencia Social. Se coordina con dependencias federales, estatales y municipales en el diseño de políticas públicas, opera programas, presta servicios y realiza diversas actividades en la materia. Promueve la planificación familiar, el cuidado de niños, la asistencia a los ancianos, la lucha contra el abuso de las drogas, y otras cosas. 

A poco más de tres semanas de concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se tiene conocimiento de que la próxima administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, cambiará radicalmente la condición del DIF, y la esposa del presidente dejará de estar al frente de su patronato. Igual, que dejará de ser nombrada como la “primera dama”. 

Se ha comentado que la hasta ahora enorme institución pasará a ser una dependencia de la próxima Secretaría de Bienestar que proyecta ser creada a partir del próximo año. Lo que ocurrirá con ella dependerá de la aprobación que el Congreso haga a través de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo que sea, pero que sea para bien. 

Fin a los altos sueldos y pensiones a ex presidentes 

Con extraordinaria rapidez y ejerciendo las atribuciones que le otorga el inciso B del artículo 72 de la Carta Magna, la mesa directiva del Senado de la República, promulgó y dispuso su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mejor conocida como Ley de Salarios Máximos.

Con esta medida se anticipó al ejecutivo que aún no toma posesión y que sería el que llevaría a cabo esta acción. Los destinatarios inmediatos, los ministros y altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros electorales, y todo aquel mexicano que perciba un ingreso mayor que el Presidente de la República.

Lo novedoso del asunto es que la omisión del cumplimiento de la disposición elevaría a categoría de delito lo que se llamará “remuneración ilícita”, y castigaría hasta con catorce años de prisión a los servidores públicos que en lo futuro superen el sueldo presidencial.

De paso, la nueva disposición corta de tajo las prerrogativas a los expresidentes al prohibir la entrega de pensiones o jubilaciones fuera del rango legal. También, elimina cualquier clase de premios económicos que se reciban de la administración pública, así como las gratificaciones por final de sexenio o cualquier tipo de periodo de gobierno.

La medida indudablemente será celebrada por la población en general, aunque podría abrir paso a alguna controversia constitucional. El asunto es imaginar con qué carácter los ministros resolverían imparcialmente al ubicarse en el papel de juez y parte. 

… Y ALGO MÁS 

La gestión no cesa, y todavía no amanece 

Alejandro Moreno Cárdenas no pierde el tiempo. Lo demostró con el proyectado Tren Maya, adelantándose amistosamente a sus homólogos con un paquete relacionado con el recorrido por el estado, adicionando un video promocional que incluye a los cinco estados. El próximo presidente lo  adoptó cuando expreso aquella significativa frase de, “¡Ya les ganó Alejandro!”.

Otra vez lo hizo, reuniéndose en la Ciudad de México con el que será el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías. Lo acompañaron los secretarios de Finanzas, América Azar Pérez y de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano,  y el titular de la Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública, Julio César Vilchis Fuentes.

El motivo, gestionar mayores apoyos destinados a acciones y obras de infraestructura necesarias para el crecimiento económico, la generación de empleos y la mejoría de las condiciones de vida de las familias campechanas. Así fue durante todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y lo está haciendo con el de López Obrador antes de que inicie.

Rehabilitar, limpiar, modernizar y ampliar los puertos de Seybaplaya y Carmen, preparándolos para el arribo de cruceros al despuntar el nuevo año. Drenaje y alcantarillado, mejoramiento del sistema de agua potable de Campeche y Carmen, y más infraestructura para el resto de la entidad.

“Vamos también a tener reuniones en gobernación, distintas reuniones, ya saben gestión, gestión y más gestión para que haya apoyo y respaldo con el pueblo campechano”, aseguró. 

La consulta por el aeropuerto 

La consulta se realizó -innecesaria si se quiere, pero se hizo. La decidió quien tiene el apoyo popular necesario para hacerlo. El presidente electo cuenta con el respaldo que treinta millones de mexicanos le otorgaron con su voto. Con esas facultades solamente, podría continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto, o decidirse por la otra opción.
La consulta, sin ser ilegal, resultó intrascendente. Lo determinó el hecho de que participó solamente el uno por ciento de la población nacional, y difícilmente lo hicieron algunos con experiencia y conocimientos en infraestructura de gran calado. La cantidad de  setecientos mil que votaron en contra del NAICM, incluyó un puñado de ecologistas, vecinos del rumbo, y la mayoría opositores sistemáticos del partido en el gobierno por breve tiempo más.
Para aclarar dudas necesitamos saber si: el antiguo lago es charca pestilente y no santuario de aves migratorias; si hay negocios oscuros en la obra y en los terrenos; el costo al erario por la cancelación; si habrá daño al patrimonio de los trabajadores; si tras el Benito Juárez existe el negocio de unos cuantos para crear un nuevo Santa Fe.
Los que conocimos el submundo de los tiraderos de basura del pasado en el entonces Distrito Federal, sabemos -o nos imaginamos- lo que tuvo que ocurrir para que los terrenos adquiridos a precio de regalo, se convirtieran en el distrito comercial y residencial más importante del país, y la zona de mayor plusvalía en la capital, en México, y en buena parte del mundo.
Necesitamos más claridad. Un millón que votaron y setenta y un millones que nos abstuvimos, tenemos derecho a saber que está sucediendo. Al fin de cuentas, nosotros pagaremos lo que se pierda, pero jamás participaremos de las ganancias. ¿O sí?.