DE MUCHO, UN POCO/De paros, rutas y camioneros

Es verdad que con el nuevo año se dio un incremento a los salarios mínimos, el más alto que se haya registrado en muchas décadas, pero es cierto también que con él se dejaron sentir incrementos en el costo de bienes y servicios, hasta prácticamente borrar del horizonte ciudadano el beneficio efímero de dieciocho o diecinueve pesos diarios agregados al salario.

Si existiera alguna duda, basta volver la mirada a las empresas camioneras que  al amanecer del dos mil veinte plantearon la intención de incrementar a diez pesos el costo del pasaje en sus vetustos e incómodos camiones que han visto pasar sus mejores tiempos.

A la preocupación de los campechanos por el pago durante los primeros meses del año del impuesto predial, el agua potable y otras cosas, se sumó la posibilidad de gastar más en el pasaje. Los transportistas exigen el incremento o en su caso, un subsidio por parte del gobierno del estado. La gente que los usa a diario y hasta sus choferes, rechazan tajantemente cualquier aumento en lo inmediato.

Los dueños de los obsoletos autobuses, según se rumora en voz baja, serían políticos de otros tiempos, y ex funcionarios que invirtieron sus ahorros en la compra de unidades nuevas que les dejaban elevadas sumas de dinero. Se acostumbraron -se dice también- a ser consentidos por los gobiernos en turno con elevadas tarifas a cambio de mejorar sus unidades. En muchos casos nunca lo hicieron, y sólo se dedicaron a la cosecha generosa con los resultados conocidos.

Actualmente, pese a las necesarias reparaciones a sus camiones, mediante ciertos truquitos como trasladar parte de sus obligaciones a sus choferes, porque ya no los manejan personalmente como aquellos legendarios camioneros de la antigua “Cooperativa Esperanza”, siguen recibiendo jugosos ingresos que se comenta igual en voz muy baja, no son menores a mil quinientos o dos mil pesos al día.

Después de fallidas presiones y amenazas que no gestiones que no han sido en absoluto respaldadas por la población sino al contrario, los empresarios han optado por la acción directa, consistente en una manifestación de protesta mediante un paro de actividades para tratar estérilmente de voltear a la población en contra de las autoridades, aunque lo único que han logrado hasta hoy es aumentar el rechazo por una medida que a los únicos que perjudicaría es a los usuarios.

Ha llegado a tanto ese rechazo que la misma gente aprovecha las redes sociales para exhibir el desastroso estado de las unidades y el poco respeto que se tiene por los usuarios, en especial por las personas de la tercera edad o con capacidades físicas disminuidas.  Y no es que los choferes sean malos o desconsiderados con quienes pagan menos por el viaje, lo que ocurre es que los patrones los obligan de alguna manera a absorber las diferencias.

Ya el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, a nombre del gobernador Carlos Miguel Aysa González sugirió a los empresarios autobuseros variar su actitud y convertir las amenazas y presiones en intenciones de arreglo mediante el diálogo, partiendo de la base de que en fecha próxima no habrá ningún incremento en el pasaje.

Debe haber y pronto, un diálogo abierto en el que podría participar una representación de los ciudadanos que utilizan el transporte; sin perder de vista que existe una normatividad para el caso que es la Ley del Transporte; que gozan de una concesión, no son propietarios de sus rutas; que el gobierno del estado no tiene autorizada ninguna partida especial para otorgar subsidios; y que los campechanos más pobres no tienen que sacrificarse para hacerlos más ricos. 

Optimización y mejora de los recursos con que cuentan los empresarios; mejor trato a los usuarios; creación de nuevas rutas y/o replanteamiento de las actuales; incremento y disminución de la circulación de autobuses según los horarios de mayor o menor demanda; créditos a tasas blandas para aplicarlos en la mejora de sus unidades; y lo principal; esperar el momento adecuado que no sea el mes de enero para hacer un planteamiento fundado, razonado y razonable de mejora económica a cambio de un mejor servicio ¡Antes no, y por presiones o a la fuerza, menos! 

La firma del nuevo Insabi 

Hay algo incuestionable: como el Aeropuerto de Texcoco, el Seguro Popular es asunto liquidado. Podrán las nuevas disposiciones en materia de salud y concretamente el Insabi, experimentar modificaciones con base en los errores y omisiones que están encontrando en el camino, pero conociendo el talante del presidente, regresar no, al menos en el actual sexenio.

Es de tomarse en cuenta que aunque la mayoría de las entidades federativas han suscrito el convenio correspondiente, nueve en total -gobernadas por mandatarios panistas- se oponen a su firma. Campeche no se está resistiendo, antes bien, así se entiende, se está analizando responsablemente y con mucho cuidado su aplicación; claro está; dentro de los plazos establecidos.

Sin que para ello se cuente con cifras y datos, es de suponerse que dentro del grupo de las entidades que ya han estampado sus firmas, se encuentran varias con serios problemas derivados de malas administraciones. No es posible precisar cuales, pero es del dominio público lo vivido en algunas. Varias de las firmantes, resulta lógico, son gobernadas por morenistas.

Es necesario remarcar que Campeche, no de ahora, tiene un bien ganado prestigio en el tema de la salud y que, en el esquema de la medicina preventiva ha sido varias veces ejemplo nacional. Salvo alguno de un pasado ya no muy reciente, no ha habido cuestionamientos serios sobre su manejo. Es más, el último Secretario se retiró para seguir su camino en la política, sin cuestionamientos ni reclamos, y hasta se habló de su incorporación al gobierno de López Obrador.

El Insabi habrá de enfrentar tanto fallas como resistencias hasta su esperada y deseada consolidación. Esperamos que las supere por el bien de todos, aunque conocemos los reclamos que se están dando por la falta de medicamentos para ciertos padecimientos serios. Sin embargo, es muy pronto para descalificar y mientras tanto, no debe ser utilizado el tema como pretexto y caldo de cultivo para conflictos y encontronazos.

Calma, que el gobierno de  Carlos Miguel González Aysa está analizando con seriedad y responsabilidad el asunto y no necesita de presiones ni consejos. 

… Y ALGO MÁS

Justo reconocimiento 

“Valoramos mucho su apoyo, su experiencia y sus recomendaciones que nos permiten enriquecer la visión de todos nosotros”. Lo dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño ante mandatarios estatales y diversos funcionarios como el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño.

El destinatario de la frase fue el gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien hizo un breve paréntesis en sus giras y actividades oficiales para participar junto con el secretario General de Gobierno, Pedro Armentía, en la Sesión Técnica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2020.

Nada menos que justo el calificativo a favor del gobernador campechano, quien es reconocido como un profundo conocedor en el tema de la seguridad, y para muestra, aparte de ejercer varios cargos importantes en la Procuraduría General de Justicia de la República, aquí se desempeñó como Coordinador General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, y Procurador General de Justicia. Lo más reciente, Secretario, luego Secretario General de Gobierno, y Gobernador Constitucional desde el pasado trece de junio ¡Honor para Campeche y su gobernador! 

Tiempo a los tiempos 

Pregunta alguien al autor de esta columna el porqué de su abstención de referirse al próximo proceso electoral, y en particular a los aspirantes a la gubernatura. Por supuesto que lo haremos, pero por respeto a los tiempos y en especial a quienes gobiernan, por ahora esperamos.